Para dar más fuerza a la mentira

—Todos los nudos se quedan en el peine.
—Sí, cuando hay peine.

-Leonardo Sciascia, El contexto




El encubrimiento de los encubrimientos —desde el poder invisible— se aprovecha de la estructura botánica: una capa cubre a otra y mientras la más exterior se va secando surgen otras capas más frescas y fuertes para seguir preservando la mentira.
La serie de crímenes políticos, que a lo largo de los últimos treinta y cuatro años se han ido concatenando por su denominador común: el misterio, no han podido conocer el esclarecimiento porque sigue vigente un entramado que sabotea las investigaciones, elabora por escrito verdades a medias, finge indagaciones para aparentar una preocupación por la justicia.
Por su pertenencia al sistema establecido, los investigadores especiales o presidentes de las comisiones de derechos humanos (que siempre están haciendo carrera política), hacen lo que pueden dentro de ciertos límites: los supuestos sobreentendidos que los obligan a proteger a algunas instituciones a sus funcionarios más conspicuos, del antiguo régimen y del actual. En todos sus informes se lee entre líneas demasiada cautela, temor, miedo, precaución ante un poder invisible e innombrable. No es para menos. No siquiera se atreven a nombrarlo. Por eso no tiene ningún sentido que el nuevo “fiscal especial” de los desaparecidos a fuerza dependa directamente del Procurador General, el General Macedo de la Concha. Sería como una contradicción en los términos.
Todavía están tendidas las redes del hampa que homologa a representantes del Estado, a policías y a individuos de las diferentes fuerzas armadas. Son un poder real, tangible, diabólicamente complicado. No basta el cambio de color en el partido gobernante. Sigue siendo muy difícil que en doce meses se extirpe una estructura políticocriminal que en la frontera sur se burla del Estado con toda suerte de negocios ilegales, desde el tráfico de armamento, de drogas, de indocumentados, hasta el comercio de niños y de órganos vitales; mientras que esta simetría de la creatividad criminal se reproduce en la franja norte, de Matamoros a Playas de Tijuana, y en Ciudad Juárez el reiterado caso de las doscientos cincuenta muchachas asesinadas —por ser pobres y por ser mujeres y por ser jóvenes— ya no es un escándalo: es una carnicería.
Como en Colombia y en el sur de Italia —donde reina la camorra en Nápoles, la ingrándeta en Calabria y la mafia en Sicilia— los egresados de las escuelas de derecho se niegan ya a trabajar como jueces o tienen que ejercer enmascarados, cuando no se prestan (con gran imaginación leguleya) a dificultar las investigaciones con tácticas dilatorias o dejando correr los borregos de las pistas falsas para despistar a los enemigos del crimen. Son buenísimos en su oficio de mentir con la verdad. Quiere esto decir que, más que la guerrilla de los grupos armados de motivación política, el poder criminal invisible supone una desafío más que subversivo y revolucionario al Estado constituido. Y si el Estado mexicano no es capaz de disolver —con la fuerza legítima, con la balanza de la justicia— este verdadero poder de raigambre extralegal, entonces no es Estado ni es nada. Es cómplice. No cumple con su deber primordial de proteger a las ciudadanos. Porque ese otro poder aparte resulta en los hechos más fuerte que el poder institucional.
En el caso de los desaparecidos, en el de Digna Ochoa, en el de Polo Uscanga, en el del cardenal Posadas, en el de Luis Donaldo Colosio, se ha visto esta soterrada obstrucción de la justicia. Por alguna razón siempre hay “razones jurídicas”, argumentos de “lógica procesal penal”, invocaciones de la prescripción de los delitos. No falta un profesor de la Facultad de Derecho que salga a proclamar la prevalencia de la formalidad legal, cuando tantos crímenes se siguen cometiendo en México a nombre de la ley. Como si el último valor no fuera el de la justicia y la verdad.
La carga de la Brigada Blanca conoció una beligerancia infinita gracias a la impunidad de sus jefes: Luis Echeverría y José López Portillo, y la prepotencia de sus operadores: Fernando Gutiérrez Barrios y Arturo Durazo, mientras Miyasawa, Nazar Haro, Sahagún Baca, seguirán gozando, obviamente, de la inimputabilidad.
La historia sabe y más sabrá en el futuro porque la verdad siempre sale a la superficie, casi de manera natural, como en las leyes de la física. Algún día los estudiantes del análisis textual y de contenido, los discípulos de Roland Barthes y de Michel Foucault, los escritores que entiendan la malicia literaria de Leonardo Sciascia y aprendan a escribir libros según su estrategia expositiva, irán desmontando las relaciones de poder y de saber que se esconden detrás del informe del CNDH sobre desapariciones forzadas y del Informe de la investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, que ha publicado la PGR.
El reciente libro de Claudia Canales, El poeta, el marqués y el asesino (Ed. Era), es un ejemplo de que este análisis de historia judicial es posible y necesario, tanto como esclarecedores son los trabajos de Jacinto Barrera Bassols y de Rafael Ruiz Harrell. ¿Por qué? Porque estos autores y los buenos lectores de periódicos (que no son ingenuos) están conscientes de que, como escribía —otra vez, perdón— el siciliano Leonardo Sciascia, “Cada vez que te dan a entrever una verdad es porque ésta es necesaria para dar más fuerza a la mentira.”