La coartada de la legalidad

Parece una contradicción en los términos, pero la expresión "coartada de la legalidad" quiere referirse a la paradoja de la justicia: a la disparidad brutal que puede existir entre la "verdad técnica" de los jueces y la realidad efectiva de las cosas. Porque la "verdad jurídica" muy bien puede ser, y no pocas veces, una mentira.
Aparte del problema de la prueba, en todos los libros de derecho procesal se habla de esta antiquísima contradicción. ¿Qué termina por ser la verdad en la administración de la justicia? Si entre el texto de la ley y su espíritu media una amplia discrecionalidad —la que se encomienda a los jueces– podríamos razonar que en la interpretación intervienen múltiples factores subjetivos y que los juzgadores son tan falibles como todos los seres humanos.
Un ejemplo que puede ayudar a entender el problema de las dos verdades es el del futbolista norteamericano O. J. Simpson: se le supo evidentemente culpable de haber asesinado a su exmujer y al amante de la señora, pero "técnicamente" no se le pudo comprobar que era culpable. Y eso es lo que cuenta en el acto de juzgar. Un jurado decidió que era inocente de manera definitiva e inapelable y perdurable porque nadie puede volver a ser juzgado por el mismo delito. Y la libró para siempre.
Los jueces son seres humanos, orinan y defecan como todos nosotros. No son infalibles, como el Papa. Están sometidos a todo tipo de influencias. En sus decisiones cuenta de manera determinante su ideología, su visión del mundo, su estado de ánimo, su salud, su emotividad, sus intereses, sus simpatías y sus antipatías (por irracionales que sean), y también los favores políticos que se les han hecho —como a los ministros de la Suprema Corte— para que estén donde están. Me cuentan, por ejemplo, que en la carrera del licenciado Mariano Azuela Güitrón fue muy importante el apoyo de Manuel Barlet, no sé si antes o después de que este último fuera secretario de Gobernación.
Una sentencia de la Suprema Corte es como un rayo, como un golpe venido del odio de Dios: la verdad última, inapelable, la verdad de la última y más alta instancia, que las partes deben acatar. Y en este principio tiene sustento todo el sistema de justicia. Sin embargo, ya vimos, por lo menos en un caso, que el fallo de la SCJ referido al paraje San Juan en el DF fue revisado y corregido.
Ciertamente se trata de problemas muy técnicos que resultan de difícil comprensión para los no profesionales de la ley. Pero desde la ignorancia del hombre de la calle uno siente, pues, que hay grandes contradicciones entre la aplicación impersonal de la ley y el uso político de la ley. Siempre hay un margen en el que los jueces se pueden mover a discreción. Y con la ley en la mano, a nombre del "Estado de derecho", también se pueden cometer muchas injusticias. Con el error judicial, por ejemplo. A veces se condena a muerte a un inocente.
Lo curioso del asunto es que no pocos jueces creen que siempre, en cualquier hipótesis, la justicia se cumple por el mero hecho de que ellos ya juzgaron. Por el hecho mismo de juzgar. Como un acto de magia. Un novelista siciliano llevó al absurdo esta pretensión y equiparó el acto de juzgar con la celebración de la misa.
Cuando el sacerdote, por poco creyente o indigno que sea, celebra la misa y actúa el misterio de la transubstanciación (la conversión del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre), siempre, en todos los caso, el misterio se cumple, por el mero hecho de haber sido el sacerdote investido de su ministerio. En esa lógica, no es posible que –una vez concluido el acto de juzgar– que la justicia no se realice.
"Nunca, fíjese bien, nunca, puede ocurrir que la transubstanciación no se produzca. Y lo mismo sucede con un juez cuando celebra la ley: la justicia no puede dejar de revelarse, de transubstanciarse, de cumplirse."
Lo que importa a los jueces no es la verdad material sino que, según ciertas formalidades, se pueda establecer el circuito de la legalidad. Para los jueces el que un acusado haya cometido o no un delito nunca he tenido la menor importancia.
Las disposiciones legales son un instrumento del Estado para gobernar y mantener el poder. Y los jueces encarnan el poder estatal por excelencia. Por eso se tiene la percepción de que la política está judicializada y de que la justicia está politizada.
Se les llena la boca de orgullo a los jueces cuando hablan del "Estado de derecho", como si hubiera estados sin derecho. Lo invocan para todo, como si supusiera la justicia automática. Es el mismo "Estado de derecho" que avaló la "elección" de Salinas en 1988. Es el mismo que exoneró a Jorge Hank Rohn de la autoría intelectual de un asesinato, también en 1988. Es el mismo que legaliza la política de los altos sueldos (la otra cara mexicana, muy legal, de la corrupción) y que permite, sin objección posible, que el presidente de la Suprema Corte Mariano Azuela Güitrón gane al mes 305 mil 209 pesos. (Los otros diez ministros andan en los 238 mil 569 pesos mensuales.)
Habría que, por lo demás, hacer un estudio sobre el papel que en la vida pública nacional ha tenido la Facultad de Derecho: el discurso que le fue dando a los sucesivos gobiernos del PRI. ¿Cuántos fraudes electorales no avaló ese lenguaje, cuántas personas fueron condenadas después de 1968 con los "razonamientos" y las cortadas de los leguleyos, todos ellos "abogados muy honorables"?