Un ciudadano por encima de toda sospecha

En Roma, agosto de 1969, en piazza Ungheria, en el barrio del Parioli, Giancarlo Zagni me cuenta que se le ha ocurrido una idea para una película a partir de las secretas actividades de un jefe policiaco que organizaba delitos para luego ser él mismo el que corriera con la gloria de resolverlos. Esa misma tarde se la propone a Alfredo Bini, productor de varias cintas de Pasolini, y dan con un título tentativo: In questura il questóre non c’e, ¿dove è?, dal magistrato. Algo así como “En la procuraduría no está el procurador. ¿Dónde está? En la cárcel.”
El questore es algo más que un jefe policiaco y el magistrado sería un puesto semejante al de un juez instructor.
Se ha dicho que Italia es la cuna del derecho. “Sí, pero también es su tumba”, decía Leonardo Sciascia. Y algo de nuestro modo de ser político nos conecta con la civilización matriz del derecho romano. En estos momentos la clase política italiana no está menos degradada que la francesa y a las dos se parece —por su medianía, por su falta de imaginación, por su impotencia para entender qué es el Estado— la clase política mexicana de la actual generación.
Se ha visto por el affaire Cassez.
En algún año de la década de los setenta se estrenó en México una película italiana que no fue la idea de Giancarlo Zagni ni de Bini y en ella actuaba el polifacético Gian Maria Volonté:
Un cittadino al di là de ogni sospetto.
Se trata de un policía a quien le encanta fraguar delitos (incendios, homicidios, violaciones) para después ser él el que se adorna con la investigación exitosa.
—Pues si quieren nos damos otro tirito en el cerro de las Campanas —decía alguien en uno de los mentideros de la colonia Condesa, el café Mamma Roma— a propósito de la incomprensible metida de pata de Nicolás Sarkosi, que ha hecho exactamente todo lo posible —ignorando cómo somos los mexicanos— para hundir a su paisana.
Todo este desencuentro diplomático se ha debido a que tienen razón los franceses cuando dicen que el sistema judicial mexicano es un desastre. Todos lo sabemos ad nauseam y ni siquiera es necesario ver Presunto culpable o El infierno para lamentarlo impotentemente. En algunas regiones del país los agentes judiciales y los del Ministerio Público tienen hasta tarifas: un homicidio tanto, unas lesiones tanto, una violación tanto. Tampoco es infrecuente la tortura. Y son raros los jueces que no se dejan querer.
El abogado de Florence Cassez explicó muy bien a Carlos Puig en sus 15 minutos (Milenio TV) que en la sentencia final (no sé si inapelable) el juez no tomó en cuenta las primeras, espontáneas declaraciones de las víctimas del secuestro sino las posteriores que le convenían para su tesis de culpabilidad. Y que alguno de los declarantes dijo que vio a la sentenciada cuando ese día ella estaba en Francia.
El equívoco judicial viene sobre todo del montaje que organizaron Genaro García Luna y Televisa sobre la detención de la acusada. De ahí se agarran los abogados defensores para argumentar que el juicio está viciado de origen, un poco como cuando al evidente uxoricida O. J. Simpson lo dejan libre porque se le plantaron unas “pruebas”. Así es la “verdad jurídica” formal y, en dándose, puede avalar la más obscena de las injusticias.
La francesa sentenciada y sus abogados tendrán que esperar a que haya un cambio de gobierno en el año 2012 para replantear su caso, si es que se reconoce una instancia de apelación más alta que por ahora no hay.
En otras palabras: habrán de esperar a que Genaro García Luna cambie de puesto o abandone el poder. Felipe Calderón no puede decidir nada a favor de la petición francesa porquee con ello haría quedar mal a García Luna, su ministro favorito y uno de los responsables más eminentes en materia de seguridad nacional. Cualquier decisión en ese sentido restaría bonos y autoridad política al funcionario.

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